ASPECTOS ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS
1. Planteamos la necesidad de que se implemente el TLC hacia adentro para impulsar la producción agropecuaria nacional, especialmente de las familias campesinas, lo mismo que la seguridad alimentaria. Para ello proponemos el incremento del presupuesto nacional del sector agrario, de manera que permita impulsar campañas, proyectos, investigaciones y subsidios a favor de la producción andina. Estos fondos deben ser publicitados y difundidos en forma transparente para el conocimiento de los pobladores altoandinos.
2. Se requiere con urgencia invertir en tecnologías apropiadas para la pequeña agricultura, incorporando investigación en tecnologías ancestrales, prestando asistencia técnica y promoviendo tecnologías apropiadas para el mejoramiento de la actividad productiva altoandina. Para ello, el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales deben retomar en las oficinas agrarias los programas de extensión agropecuaria y contratarse técnicos con experiencia, de preferencia de las mismas localidades.
3. Para fortalecer la actividad de la pequeña agricultura familiar altoandina, se necesita facilitar el acceso a créditos promocionales que lleguen a todo el ámbito rural a través del Banco Agrario y el Banco de la Nación; también se requiere implementar un programa nacional de capitalización para las Comunidades altoandinas, acceso al seguro agrario catastrófico para las Comunidades y su canalización a través de ellas mismas y de empresas asociativas o de cooperativas.
4. Debe cumplirse con la exoneración de impuestos para empresas comunales, lo cual está aprobado en la Ley de Comunidades Campesinas
5. Se necesita el apoyo de los Gobiernos Locales y Regionales para facilitar el acceso al mercado de la pequeña producción familiar y comunal altoandina a través de campañas de difusión y consumo de sus productos; también apoyo en tecnologías para transformación y comercialización en el mercado interno e información sobre producción, demanda y precios de los productos agropecuarios altoandinos; asimismo, dotar a la pequeña producción de infraestructura comunal y local para el almacenamiento y la comercialización de sus productos.
6. Cumplimiento desde el Estado de la ley que prioriza la compra de productos locales de productores asociados para los programas sociales estatales, transparentando la información de pedidos y compras y promoviendo la participación directa de productores.
INSTITUCIONALIDAD Y RELACIÓN CON EL ESTADO
7. Se debe fortalecer la organización comunal y gremial frente a la escasa presencia del Estado en las zonas rurales, reconociendo roles y funciones de las organizaciones de base y articulando plataformas con representación de las Comunidades Campesinas en el nivel nacional.
8. Es importante promover la asociatividad y la constitución de empresas o cooperativas en las zonas rurales mediante la exoneración de impuestos, acceso al crédito, seguro agrario y la simplificación de trámites, entre otros aspectos promocionales.
9. El Gobierno Nacional debe garantizar que el derecho a la consulta se aplique a todos los involucrados en el desarrollo de proyectos y en las medidas legislativas y administrativas que les conciernan. Además, las Comunidades Campesinas deben participar directamente en la elaboración y aprobación de la reglamentación de la ley de consulta previa en salvaguarda de sus derechos y recursos naturales.
10. Apoyamos la iniciativa de realización del IV Censo Agropecuario el año 2012 y los esfuerzos por actualizar la información sobre la actividad productiva altoandina y sus estadísticas. Al mismo tiempo, solicitamos participar en la definición de temas y estrategias que se usarán para ello.
11. Es fundamental culminar la titulación y la demarcación de las tierras comunales, la inclusión de todas las Comunidades en el catastro rural y el saneamiento físico legal pendiente aún en un número importante de ellas. Para ello, el MINAG debe convocar a las Comunidades y a los Gobiernos Regionales.
12. Se debe defender el derecho a educación, salud y vivienda como parte de la legítima aspiración al desarrollo humano y como responsabilidad pública del Estado.
13. Frente a la movilización de la población para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado, insistimos en que este debe incorporar el enfoque de derechos humanos en las políticas de desarrollo y en la prestación de servicios públicos.
ASPECTOS AMBIENTALES Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
14. En el corto plazo, las regiones que todavía no lo han hecho deben realizar sus procesos de Zonificación Económica Ecológica y Ordenamiento Territorial con participación de los comuneros y actores del sector civil. Se propone que al 2015 todas las regiones los hayan realizado y que se suspendan las concesiones mineras hasta que culminen estos procesos. Asimismo, debe evaluarse la inclusión de la figura de zonas libres de minería en la legislación nacional.
15. Es urgente declarar la intangibilidad de las cabeceras de cuenca y conservar las fuentes naturales de agua (manantiales, lagunas y glaciares). Además, se requiere realizar previamente inventarios de recursos hídricos con participación de las Comunidades, implementar balances hidrológicos y registros de derechos del agua por cuencas y actualizados como base para la formulación de planes de gestión de recursos hídricos. También formular e implementar políticas y planes regionales de gestión del agua con el objetivo de conservar y asegurar el uso racional del recurso; priorizando la ejecución de proyectos de cosecha y siembra de agua, construcción de pequeñas represas, forestación y reforestación de especies nativas e implementación de riego tecnificado.
16. Se deben generar capacidades técnicas y de gestión en las instituciones que tienen competencias en materia de recursos hídricos y constituir a la brevedad el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y, además, integrar en ella un representante de Comunidades Campesinas, lo mismo que en las Autoridades Locales del Agua (ALA) y en los consejos hídricos de cuenca.
17. Es necesario implementar un Programa Nacional de Descontaminación en zonas afectadas por la minería, el cual priorice la afectación de fuentes de agua, informe de manera oportuna y accesible a la población e imponga sanciones a los responsables de la contaminación, todo ello canalizado con participación de las poblaciones involucradas y en base a una delimitación clara de responsabilidades de las empresas y del Estado.
18. Exigimos que el Estado cumpla su responsabilidad de monitoreo ambiental y garantice el desarrollo de líneas de base ambientales y sociales previas a toda intervención y con la participación de las Comunidades Campesinas.
19. Se deben desarrollar programas de adaptación al cambio climático, priorizando a las Comunidades Campesinas e implementando estrategias de información sobre el clima y prevención de desastres relacionados a fenómenos naturales.
20. Es urgente la difusión sistemática de información y prevención sobre clima, desastres y gestión del riesgo. Las Comunidades Campesinas y los Gobiernos Locales deben tener información sobre la evolución climática para transmitirla a la población. Asimismo, debe conocerse cuáles son los recursos de emergencia con los que se cuenta para enfrentar desastres relacionados a fenómenos naturales.
SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL RURAL
21. Es urgente promover el desarrollo cultural y productivo de las comunidades altoandinas a partir de la revaloración de su cultura, lengua, conocimientos y prácticas productivas.
22. Es urgente un cambio urgente en la orientación de la educación rural para que se articule a la actividad económica productiva de las zonas altoandinas e incorpore el aprendizaje intercultural (idioma y conocimientos propios).
23. El gobierno debe tener un mayor control sobre el nivel de formación de los maestros, supervisar el aprendizaje de los alumnos, contratar un profesor por grado en todas las escuelas, mejorar la infraestructura escolar y trabajar con los padres y madres de familia a través de los espacios participativos, como los CONEI a los padres sobre el rol de la educación y el valor de la misma.
24. Se necesita incentivar y fortalecer nuevas habilidades productivas y de servicios en los pobladores de Comunidades de las zonas altoandinas, a través de un programa de capacitación, ya que la mayoría no cuenta con conocimientos de otras actividades económicas, como servicios turísticos, negocios comunales y transformación de productos agropecuarios. Además, el Estado debe dar incentivos a la población rural para que desarrolle este tipo de actividades.
25. Es necesario promover escuelas de formación de líderes campesinos con participación de jóvenes varones y mujeres en cada Comunidad y a nivel local, regional y nacional, de acuerdo a los usos y costumbres de cada región, revalorando la identidad indígena, en aspectos como el trabajo colectivo y de servicio, con sentido ético.
26. Se requiere implementar en el sector salud un programa de capacitación sobre nutrición que preserve las costumbres alimenticias, incluya productos ecológicos y garantice que la nutrición sea balanceada, especialmente para los niños y otros grupos vulnerables.
27. El MINSA debe mejorar la calidad de sus servicios, garantizando profesionales en la atención médica, equipamiento moderno y actualizado y el servicio de ambulancias en todas las localidades.
28. Se necesita mejorar la red de caminos rurales, de manera que permita el acceso de la producción campesina a los mercados. Para ello debe priorizarse la inversión en construcción, mejoramiento y mantenimiento de caminos rurales y carreteras en las zonas altoandinas.
29. Se deben desarrollar programas de vivienda rural que mejoren las viviendas para que estén dotadas de espacios diferenciados según usos y provistas de servicios.
